Las delegaciones han sostenido en Venezuela, México y Cuba varios ciclos de unos diálogos congelados desde mayo en medio de recriminaciones
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en armas en Colombia, se ha vuelto a sentar en una mesa de conversaciones en busca de un acuerdo de paz, por primera ocasión con un Gobierno de izquierdas, el de Gustavo Petro.
El inédito cese al fuego de seis meses y después prorrogado hasta completar un año entero ya expiró el pasado 3 de agosto sin que las delegaciones hayan conseguido desatascar el diálogo. Aunque en la mesa ya se había pactado “la suspensión de las retenciones con fines económicos”, como se refiere el ELN al repudiado crimen del secuestro extorsivo de civiles, la guerrilla anunció en mayo que se proponía retomar esa práctica. La dilatada crisis se ha visto agravada por los diálogos paralelos que mantiene el Gobierno con un frente díscolo en el sur del país que se desprendió de la dirección nacional del ELN: el Frente Comuneros del Sur en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
En medio de múltiples tropiezos –que incluyeron a finales de octubre de 2023 el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz–, las delegaciones sellaron el pasado mayo en Caracas el primer punto de la agenda, que alude al modelo para la participación de la sociedad civil. A pesar de ese hito, las partes reconocen que el proceso atraviesa su peor momento. La guerrilla –que exige que la retiren de la lista de grupos armados organizados (GAO)– incluso rechazó en agosto la propuesta que le había hecho llegar el presidente Gustavo Petro para reanudar los diálogos, que se refería a discutir una reforma al modelo económico. Las conversaciones se mantienen congeladas desde mayo, lo que ha impedido acordar la extensión del cese al fuego.
¿El secuestro está prohibido en el cese al fuego?
El secuestroha sido un obstáculo recurrente en las sucesivas negociaciones con el ELN, que no había renunciado a esa práctica ni siquiera después de sentarse a dialogar con el Gobierno. Cuando las delegaciones anunciaron el cese al fuego bilateral, el 9 de junio de 2023, el jefe negociador de la guerrilla, Pablo Beltrán, dijo que las extorsiones y los secuestros –a los que se refiere como “impuestos” y “retenciones”– son “operaciones de finanzas” que no hacían parte aún de lo pactado. Más allá de los eufemismos a los que suele acudir la guerrilla, el secuestro de civiles se entendía como una violación del documento firmado, que prohíbe la “toma de rehenes” en el marco del Derecho Internacional Humanitario. La crisis se solventó con el anuncio de la mesa, en diciembre, de “la suspensión de las retenciones con fines económicos, según el ELN, en el marco de la prolongación del cese al fuego prevista para finales de enero [de 2024]”. Ya en febrero, el texto que prolongó por seis meses más el cese al fuego bilateral, nacional y temporal destaca que la guerrilla se compromete formalmente durante ese período –que en cualquier caso expiró el pasado 3 de agosto– a “suspender de manera unilateral y temporal las retenciones de carácter económico”.