La Corte Constitucional ordenó la comparecencia de 25 entidades estatales para rendir cuentas sobre la crisis sanitaria que enfrentan los menores indígenas. La diligencia judicial busca soluciones inmediatas ante las graves fallas estructurales en la prestación de servicios de salud, alimentación y suministro de agua potable para las familias afectadas.
Esta audiencia presencial se desarrollará el próximo martes 13 de octubre en Riohacha. Los magistrados evaluarán las acciones implementadas en Manaure, Maicao, Uribia y la capital departamental, intentando verificar el cumplimiento del estado de cosas inconstitucional, una medida de protección extrema declarada oficialmente por el alto tribunal desde el año dos mil diecisiete.
Los reportes judiciales advierten una situación crítica de salud pública en las rancherías. Las inspecciones comprobaron que diversas comunidades consumen agua contaminada con heces de animales. Simultáneamente, el alto tribunal identificó deficiencias operativas en las empresas prestadoras de salud y alertó sobre la inminente suspensión del programa de alimentación escolar regional.
Justicia exige explicaciones por fallas en manejo de recursos públicos
Durante esta novena sesión institucional, los juristas exigirán respuestas sobre la selección de contratistas y beneficiarios de programas estatales. Nueve años después de la primera sentencia, las investigaciones evidencian irregularidades administrativas que desvían los recursos económicos destinados a mitigar el hambre y la pobreza extrema de los habitantes locales.
Gobernantes departamentales, mandatarios municipales, ministros y directores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberán responder ante la justicia. Adicionalmente, tendrán que justificar el retraso del Plan Estructural de Acción, una estrategia ordenada el año pasado que debía consolidar las obligaciones institucionales, pero que continúa estancada y sin ejecución definitiva.
Para superar las graves barreras de comunicación existentes entre el Estado y los afectados directos, la Corte autorizó la intervención oficial de cuatro líderes comunitarios. Los voceros indígenas presentarán denuncias formales sobre la constante exclusión de sus autoridades tradicionales al momento de diseñar políticas públicas dirigidas a sus propias poblaciones.