En una reciente visita a comunidades rurales de la Alta Guajira, la Defensoría del Pueblo evidenció graves falencias en el acceso a derechos fundamentales como el agua potable, la alimentación, la salud y la protección de la infancia. Esta inspección hace parte del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó medidas urgentes para garantizar la calidad de vida de la población Wayuu.
La falta de acceso al agua potable, a programas de seguridad alimentaria o proyectos productivos, ahí se vulnera el derecho humano a la alimentación de las niñas y los niños, haciendo que persistan las condiciones desfavorables para la niñez Wayuu, encontrándose a siete comunidades visitadas.
Los testimonios de las autoridades y a lo observado en terreno, ni la Alcaldía municipal ni la Gobernación han implementado proyectos productivos ni capacitación a las comunidades. Los avances en ese sentido se han logrado especialmente gracias a cooperación internacional.
Otro de los problemas detectados es la falta de socialización sobre los programas de atención para la primera infancia por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Según el diálogo con las comunidades, muchos habitantes desconocen el propósito de la modalidad propia e intercultural, que busca garantizar educación y cuidado a niños, mujeres gestantes y familias Wayuu de acuerdo con sus costumbres y necesidades.
Aunque en algunas zonas visitadas hay acceso a vías de transporte, la llegada del invierno deja incomunicadas a varias comunidades. Esto impide que las familias puedan salir a comprar alimentos, acudir a citas médicas o que los niños y niñas asistan a las escuelas en Riohacha. La falta de infraestructura vial adecuada sigue siendo un obstáculo para mejorar las condiciones de vida de los Wayuu.
Dentro de las comunidades evaluadas, la única que se acerca a un nivel aceptable de garantía de derechos fundamentales es Cachaca I, localizada en zona rural de Riohacha. Allí, los habitantes tienen acceso a agua potable, proyectos productivos y expresaron satisfacción con la modalidad de pilotaje del Icbf.
Ante estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de seguir acompañando a las comunidades y exigiendo a las autoridades concretas para garantizar los derechos de la población Wayuu. Se espera que las entidades responsables tomen acciones efectivas para cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional y mejorar la calidad de vida de estas comunidades.