La situación de seguridad en La Guajira volvió a ser tema de análisis institucional, luego de la participación de la Procuraduría General de la Nación en una sesión de control político convocada por la Asamblea Departamental, en el marco de la Proposición No. 009 de 2026.
El encuentro tuvo como propósito revisar el panorama de seguridad en el departamento y avanzar en la articulación de acciones entre las diferentes entidades, ante el aumento de hechos violentos, economías ilegales y problemas sociales que afectan la convivencia ciudadana en varios municipios guajiros.
Seguridad bajo seguimiento institucional
Durante la sesión fueron expuestos temas sensibles para La Guajira, entre ellos el hacinamiento en cárceles y estaciones de Policía, la necesidad de culminar la construcción de un nuevo centro penitenciario en Riohacha y el impacto que vienen generando el narcotráfico y el microtráfico en la economía local.
También se habló de la urgencia de fortalecer el apoyo a la Fuerza Pública, establecer mecanismos de cooperación binacional con Venezuela para enfrentar el hurto de vehículos y brindar mayor acompañamiento institucional en comunidades indígenas, donde las dinámicas culturales requieren una presencia estatal más cercana y respetuosa.
La Procuraduría, a través de su Delegada para Gestión y Gobernanza Territorial, llamó la atención sobre la importancia de mantener la unidad entre las instituciones. En ese sentido, convocó a los alcaldes de La Guajira a participar activamente en los consejos de seguridad.
Alcaldes deberán asumir mayor participación
El Ministerio Público insistió en que los mandatarios locales deben vincularse de manera decidida al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental, con el fin de que las medidas acordadas no se queden en reuniones, sino que se traduzcan en acciones concretas para proteger a la ciudadanía.
De igual manera, la Procuraduría pidió garantizar la periodicidad de los comités de seguridad, para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos y revisar el cumplimiento de las decisiones tomadas frente a los hechos que vienen alterando la tranquilidad en el departamento.
Con este llamado, el órgano de control busca que La Guajira avance en una respuesta coordinada frente a los desafíos de seguridad, especialmente en zonas golpeadas por la violencia, el delito organizado, la presencia de economías ilegales y las dificultades sociales que inciden en la convivencia.