Los estudiantes de las instituciones públicas de La Guajira completan una nueva semana sin recibir clases. La situación fue confirmada por la Asociación de Educadores de La Guajira (Asodegua), luego de una asamblea informativa realizada el martes 13 de mayo en el distrito de Riohacha con docentes, directivos docentes y representantes sindicales.
La principal causa del cese de actividades es la falta de garantía en el transporte escolar para los estudiantes de la zona rural. Esta problemática, que ya lleva varios días sin solución, ha generado la suspensión de clases y ha motivado a los educadores a fortalecer sus acciones de protesta, exigiendo una respuesta urgente de las autoridades.
Bloqueos en las vías de salida de Riohacha
Como parte de las decisiones tomadas por el comité de paro, se anunció el bloqueo de las salidas de Riohacha. La vía hacia Maicao será cerrada a la altura de la Institución Educativa Helion Pinedo Ríos; la salida a Valledupar será bloqueada cerca del basurero, y hacia Santa Marta se cerrará en las cercanías de la oficina de la Concesión. Esto significa que no se podrá entrar ni salir de la ciudad.
A pesar de los múltiples encuentros entre directivos de Asodegua, la Unión Sindical de Directivos de la Educación (USDE), funcionarios del Ministerio de Educación Nacional y el Secretario de Educación del Distrito de Riohacha, no se ha logrado ningún acuerdo que permita restablecer el transporte escolar. La falta de soluciones mantiene paralizadas las actividades académicas.
Educadores exigen respeto por el derecho a la educación
Los docentes y líderes sindicales recalcan que su lucha es por el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, como lo establece el artículo 44 de la Constitución. Consideran inadmisible que por falta de gestión se esté afectando el acceso a clases, especialmente para los estudiantes de zonas rurales y comunidades étnicas del distrito.
Desde el comité de paro se hace un llamado a la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo para que intervengan de inmediato. Exigen que estas instituciones cumplan su deber de vigilancia sobre los recursos públicos y garanticen que los fondos destinados al transporte escolar se usen correctamente, sin desvíos ni demoras.