La Consejera presidencial, Luz María Múnera Medina, se mostró incómoda ante los magistrados designados a la Sala de Seguimiento de la T302, en donde explicó una situación que tuvo con unos líderes de la etnia Wayuu en días pasados. Denunció que hay presiones por parte de algunos representantes para que se reanuden los contratos que están paralizados y que deben ejecutarse en la Alta Guajira.

La funcionaria del Gobierno del Cambio explicó que la conversación duró solo 20 minutos, en medio de un almuerzo, y que después se planeaba un recorrido. Sin embargo, lo que se planteó fue: “Necesitamos que se revivan los contratos de La Guajira que hoy no están funcionando”.

Múnera aclaró que les dijo: “No soy negociante, soy administradora pública, no soy comerciante, soy administradora pública y hoy funcionaria pública. La orientación que he recibido del presidente es que todo contrato que esté en duda, relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, no se llevará a cabo hasta que haya claridad jurídica”.

La consejera también mencionó que su postura complicó la conversación, “A tal punto que, apenas comenzando mi trabajo, me convertí en una enemiga de algunos sectores en La Guajira”. Enfatizó que su presencia en la región no es personal, sino que representa al estado colombiano.

Además, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía para que apoyen al estado en el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en lo que respecta a la vida de los niños wayuu. Múnera destacó que no se puede permitir que se impida el acceso a funcionarios que vienen a cumplir con sentencias y a llevar ayuda a la comunidad.

La consejera puntualizó que un representante wayuu le dijo: “Usted sin mi permiso no entra a la Alta Guajira”, y enfatizó que esto no puede ser así. “No entran los individuos ni los ciudadanos cuando un funcionario viene a cumplir una sentencia. El estado está entrando a las comunidades del pueblo wayuu, y esa es mi postura”.

Finalmente, Múnera expresó su compromiso de seguir trabajando para garantizar que no haya más muertes de niños en La Guajira. Pidió a todos que se enfoquen en la justicia y la verdad, dejando de lado intereses personales. Su mensaje fue claro: el estado colombiano tiene la responsabilidad de cuidar a su población, especialmente a los más vulnerables.