La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CorpoGuajira) llevó a cabo una reunión informativa como antesala a la Audiencia Pública Ambiental que tendrá lugar el próximo 14 de junio, en el marco del proceso de solicitud de licencia ambiental del proyecto minero Cañaverales, promovido por la empresa Best Coal Company S.A.S. El proyecto se encuentra ubicado en jurisdicción de los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca.
Durante este encuentro, el titular del proyecto presentó ante los asistentes los principales detalles de la iniciativa, incluyendo su objetivo, las áreas de influencia directa e indirecta, los posibles impactos sobre el entorno y las medidas de manejo ambiental que se planean implementar.
Además, funcionarios de CorpoGuajira y representantes de la empresa atendieron las preguntas, dudas e inquietudes de líderes comunitarios, organizaciones sociales y ciudadanos presentes, propiciando un espacio de participación previa a la audiencia formal.
“Queremos tener todos los elementos de juicio”
El director general de CorpoGuajira, Samuel Lanao Robles, agradeció a las organizaciones que solicitaron la audiencia pública, destacando su relevancia en el proceso de toma de decisiones sobre este tipo de iniciativas extractivas. “Sabemos que es una iniciativa que causa inquietud, no solo a nivel local, sino nacional y por eso queremos tener todas las bases y elementos de juicio para que el equipo evaluador pueda analizar todos los puntos de vista”, señaló.
Lanao Robles también reiteró que el procedimiento ha estado acompañado de total transparencia y del respaldo institucional del Sistema Nacional Ambiental desde que se radicó la solicitud de licencia.
La Audiencia Pública Ambiental programada para el 14 de junio permitirá a la comunidad, organizaciones sociales, y entidades públicas y privadas expresar sus opiniones, entregar información adicional y presentar documentos que puedan ser tenidos en cuenta en el proceso evaluativo. La participación está abierta a todos los interesados, aunque la intervención está sujeta a criterios establecidos en la normativa ambiental vigente.
Este proceso se enmarca en lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 330 de 2007, actualmente compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, que regula los procedimientos de participación ambiental en Colombia.